De todos es sabido que la normativa ambiental es cambiante y compleja. Además, van saliendo nuevas normas y requisitos que nos “sorprenden” en nuestro día a día. Hoy vamos a hablar de el que, puede ser el mas actual y que aplica con mas intensidad a las empresas industriales.

La ley de Responsabilidad Medioambiental.

El título es bastante indicativo de su contenido. Hace unos años se empezó a hablar del concepto “Quien contamina, paga”, pero esta expresión no se ha hecho realidad hasta hace relativamente poco (seguro que todos recordamos algunos desastres ambientales como el de Aznalcóllar, cuya reparación ambiental le costó a la administración una importante cantidad de dinero). Pues bien, ahora son las empresas quien se deberán hacer cargo de la contaminación que provoquen y para eso se han establecido ciertas figuras. Os indicamos en tres bloques estos nuevos requisitos:

 

Bloque 1: El marco normativo (es aburrido, pero necesario saberlo)

El artículo 24 de la Ley 26/2007, de octubre de Responsabilidad Medioambiental establece la obligación de los operadores de las actividades incluidas en su anexo III de disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que desarrollen o pretendan desarrollar. Entre las actividades incluidas en dicho anexo III se encuentran las actividades e instalaciones sujetas a autorización ambiental  integrada de conformidad con la Ley prevención y control integrados de la contaminación cuyo texto refundido ha sido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/20016, de 16 de diciembre.

En cumplimiento de  la Disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, la Orden ARM/1783/2011, de 22 junio, por la que se establece el orden de prioridad y el calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de la cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria previstas en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad medioambiental, se estableció el nivel de prioridad 1/2 para las instalaciones incluidas en el epígrafe XX del anexo I de la Ley  16/2002, de julio y que la publicación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para los sectores de actividad clasificados con el nivel de prioridad 1 y nivel de prioridad 2 se produciría entre los dos y tres años y tres y cinco años siguientes a la entrada en vigor de la orden.

En cumplimiento de esta última, la Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades de anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se modifica su anexo, establece que las actividades clasificadas  con nivel de prioridad  2  deberán disponer de la garantía financiera 2 años después de la fecha de entrada en vigor de esta orden y las de prioridad 3, 3 años después (esta última corresponde a 2021).

 

Bloque 2: Seamos prácticos y expliquemos el proceso fácil

El cálculo de la cuantía de la garantía financiera a constituir partirá de un análisis de riesgos medioambientales de la actividad de acuerdo con la metodología establecida en el Capítulo III, Sección 1o del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Igualmente, la modalidad de garantía financiera será una de las establecidas en la Sección 2 del mencionado capítulo del Real Decreto.

Una vez constituida la garantía financiera se deberá presentar ante la Delegación Territorial de medioambiente la declaración responsable de haber constituido la misma y de que su cuantía se ha calculado de acuerdo con la metodología establecida reglamentariamente (Esta declaración responsable contendrá al menos la información incluida en el anexo IV. 1 del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre).

No obstante, si una vez el análisis de riesgos medioambientales de la actividad, quedan exentos de constituir la garantía financiera en virtud de las exenciones previstas en los apartados a) y b) del artículo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre (básicamente se trata de una horquilla de cifras que vienen en el gráfico siguiente), deberán  presentar ante la Delegación Territorial de Medioambiente una declaración responsable (que contendrá al menos la información incluida en anexo IV.2 del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre), junto a la cual se adjuntará copia  del análisis de riesgos medioambientales de actividad realizada y , en su caso, copia del certificado EMAS o UNE-EN ISO 14001 vigentes (en este caso, disponer de estos certificados, amplia el abanico económico para librarte de establecer la garantía financiera).

Existen otras opciones, por ejemplo: en caso de optar por modalidad de póliza de seguro o aval, los documentos originales de estos deberán presentarse junto con los modelos 803 y 804, respectivamente, en cualquiera de las sucursales de la Caja de Depósito regulada en el Decreto 40/2017, de 7 de marzo de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía. También se puede optar por la modalidad de reserva técnica, su admisión en la Caja de Depósito debe estar representada por los valores que se indican en el artículo 10 del Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la Caja General de Depósito y acreditar su inmovilización en la forma que en dicho artículo se establece.

 

Bloque 3: Lo bajamos al suelo

Ahora sí, veamos en que consiste el proceso técnico:

  1. Identificar los escenarios accidentales y establecer la probabilidad de ocurrencia de cada escenario.
  2. Estimar un índice de daño medioambiental asociado a cada escenario accidental siguiendo los pasos que se establecen en el anexo III.
  3. Calcular el riesgo asociado a cada escenario accidental (sería el producto entre la probabilidad de ocurrencia del escenario y el índice de daño medioambiental).
  4. Seleccionar los escenarios con menor índice de daño medioambiental asociado que agrupen el 95 por ciento del riesgo total.
  5. Establecer la cuantía de la garantía financiera, como el valor del daño medioambiental del escenario con el índice de daño medioambiental más alto entre los escenarios accidentales seleccionados. Para ello se seguirán los siguientes pasos:
  • En primer lugar, se cuantificará el daño medioambiental generado en el escenario.
  • En segundo lugar, se monetizará el daño medioambiental generado en dicho escenario de referencia, cuyo valor será igual al coste del proyecto de reparación primaria (necesitaremos una aplicación externa).

El post de hoy ha sido un poco largo, pero queríamos aclarar este proceso que ya ha entrado en vigor y que, en unos meses, todas las empresas a las que les aplique deberán haber llevado a cabo.

Desde Cinde podemos ayudaros a llevar a cabo este estudio y asesoraros a lo largo de este proceso en el que hay que hacer un profundo estudio y usar varias aplicaciones externas. También podemos ayudaros a implantar el sistema de gestión ambiental 14001 y/o EMAS (que como hemos explicado, amplía el rango económico para tener que establecer la garantía financiera).

Y recordad que <<Quien contamina, paga>> ¡No contaminéis!